Coaching. Burocracia vs Ética Empresarial.

Un desafío pendiente para el desarrollo.

En el mundo empresarial y administrativo, existe una tensión constante que a menudo se traduce en desconfianza y frustración mutua. Por un lado, muchos empresarios se quejan de la lentitud y la rigidez de la administración pública, que consideran un “saco roto económico” donde se desperdician recursos y se obstaculiza el crecimiento. Por otro lado, desde el funcionariado, se observa con preocupación la actitud de ciertos empresarios que no cumplen con la normativa, evaden responsabilidades y actúan al margen de la ética profesional, dañando la confianza colectiva y el bienestar económico local. Ambas realidades, aunque distintas, confluyen en un mismo problema: la dificultad para construir un entorno empresarial justo, eficiente y colaborativo.

Es cierto que la administración pública a menudo aparece como un laberinto burocrático, con procedimientos lentos, falta de información clara y una comunicación deficiente hacia el empresario. Los trámites para obtener licencias, acceder a subvenciones o regularizar documentación pueden dilatarse durante meses, generando costes económicos directos e indirectos, retrasos en proyectos e incluso desincentivando la inversión y el emprendimiento. Los empresarios, que se enfrentan a mercados competitivos y márgenes ajustados, ven esta situación como una barrera innecesaria, que convierte sus esfuerzos en una carrera de obstáculos. La percepción generalizada es que los recursos públicos, que en teoría deberían facilitar el desarrollo económico, terminan diluyéndose en procesos poco ágiles y estructuras poco eficientes, mientras ellos asumen la carga completa del riesgo y la responsabilidad.

Sin embargo, esta visión no puede obviar que también existe un sector empresarial que, aprovechando estas deficiencias administrativas, opta por no cumplir con las reglas básicas que rigen la actividad económica, lo que pone en jaque la equidad y el funcionamiento del mercado. Para la administración, este tipo de prácticas representan una fuente de preocupación legítima, ya que minan la confianza en el sistema, generan competencia desleal y dificultan la implementación de políticas públicas efectivas. Además, la falta de ética empresarial alimenta la frustración entre aquellos empresarios que sí cumplen sus obligaciones, creando un círculo de desconfianza que afecta a toda la comunidad económica.

La percepción del funcionariado es ambivalente: por un lado, reconoce el papel fundamental del empresario como motor del empleo y la economía; por otro, siente que muchas veces debe actuar como garante del cumplimiento normativo frente a quienes pretenden eludir sus responsabilidades. Esta doble función puede generar fricciones, ya que el funcionario debe fiscalizar y sancionar, pero también facilitar y asesorar. El equilibrio entre control y apoyo es delicado y, cuando falla, provoca que ambas partes se sientan incomprendidas y perjudicadas.

Ante este escenario, la solución no está en señalar culpables, sino en buscar mecanismos que fomenten una relación más transparente, eficiente y ética entre administración y empresa. Primero, la administración debe apostar por una gestión pública más ágil, transparente y orientada al ciudadano-empresario. Esto implica digitalizar procesos, simplificar trámites, anticipar cambios normativos con suficiente antelación y mejorar la comunicación directa con las pymes. La burocracia no debe ser un fin en sí misma, sino una herramienta para garantizar la legalidad y el buen funcionamiento del mercado, sin poner trabas innecesarias.

Por otro lado, es imprescindible que el tejido empresarial internalice la importancia de la ética y el cumplimiento como base para un desarrollo sostenible y justo. Las asociaciónes de empresarios, por ejemplo pueden ser un canal fundamental para fomentar la formación en responsabilidad social, normativa fiscal y laboral, y buenas prácticas. De este modo, se crea un entorno donde la competencia es equitativa y donde el empresario que cumple obtiene reconocimiento y apoyo.

Además, ambas partes deben impulsar espacios de diálogo y colaboración permanentes, donde funcionarios y empresarios puedan compartir sus dificultades, comprender sus realidades y co-crear soluciones. La formación cruzada, funcionarios entendiendo mejor las presiones empresariales, y empresarios comprendiendo los límites y funciones públicas, es clave para desmontar prejuicios y construir confianza.

Finalmente, la administración pública debe fortalecer los mecanismos que promuevan el cumplimiento y la transparencia, asegurando que la normativa se aplique de manera justa y equilibrada. La existencia de procesos claros y equitativos fomenta la confianza y el compromiso con las buenas prácticas, fortaleciendo un mercado competitivo y protegido para quienes actúan con integridad.

En conclusión, la relación entre administración y empresario no es un juego de suma cero donde uno pierde lo que el otro gana. Es una alianza que debe basarse en la eficiencia, la ética y la colaboración. La burocracia ineficiente y la falta de ética empresarial son dos caras de un mismo problema que limita el desarrollo y frena el potencial económico. Frenar el potencial económico puede llegar a quebrar no solo al tejido empresarial de un territorio, sino también a su sistema público.

Por lo tanto, la administración y funcionarios o las empresas, autónomos y trabajadores por cuenta ajena, pueden considerarse ocupantes del mismo barco económico. Por eso, el reto es diseñar un sistema en el que la administración sea un facilitador ágil y transparente, y el empresario un agente responsable y comprometido con la comunidad. Solo así se podrá transformar la frustración en oportunidad y el conflicto en un progreso que proporcione beneficio a todos los agentes implicados.